El pasado 26 de septiembre llegamos al primer aniversario de la desaparición forzada de los estudiantes de la escuela normalista de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, Guerrero, y los jóvenes aún no aparecen. Durante todo este año, el caso de los jóvenes de Ayotzinapa reafirmó la idea de que el número de muertos y desaparecidos, que se disparó en el sexenio de Felipe Calderon (2008-2012) y continúa con Peña Nieto, son resultado de una lucha fallida contra el narcotráfico. A la par, se fortalece la percepción de que el Estado mexicano usa las fuerza de seguridad en contra de jóvenes y ciudadanos inocentes. El reciente informe sobre el caso Ayotzinapa realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH ha revelado múltiples inconsistencias en el curso de la investigación a cargo de las autoridades mexicanas. A la luz de las inconsistencias encontradas, los expertos recomiendan reformular la línea de investigación y sugieren considerar el traslado de estupefacientes como un posible móvil que desencadenó el ataque violento a los estudiantes. Otra recomendación del GIEI es investigar a todos los funcionarios públicos que hayan obstruido la investigación, así como también a todos los cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en los eventos que culminaron en la desaparición de esos 43 jóvenes.
Esta nueva evidencia hace más patente que ciudadanos inocentes sin ningún vínculo con los cárteles, muy probablemente son hoy víctimas de las fuerzas del estado o de los cárteles de droga. En estas condiciones, se podría decir que los mexicanos no viven en paz. El marcado deterioro del ambiente de paz se huele, se siente, pero también es ya evidente en los indicadores de paz reconocidos internacionalmente. Recientemente el Instituto para la Economía y la Paz (IEP, por sus siglas en inglés) publicó el índice de paz global 2015, el cual muestra que el país ocupa la posición 144 de un total de 162 países evaluados. De esa manera México se posiciona entre los países con menos paz y entre las naciones de la comunidad global más afectadas por la violencia. Algunos de los factores que contribuyen a estos bajos niveles de paz son la violencia política, descomposición del tejido estatal, terrorismo de estado y presencia de cárteles de la droga.
El deterioro de la paz en México se reporta en todas partes del mundo. Los principales medios de comunicación mundiales reportan muertos, asesinatos, capos de la droga que se “escapan” de la cárcel. Ante todo eso y para nuestra gran sorpresa, la reacción de otros Estados es casi inexistente. Incluso nuestros dos amigos del TLCAN (Estados Unidos y Canadá), le han dado la espalda a la población mexicana al guardar silencio respecto a lo que el Estado mexicano hace en contra de su propia ciudadanía. Sin embargo, es bastante curioso que países con un índice de paz mejor que el de México, como es Venezuela, si estén bajo cuidadoso escrutinio. Para la población mexicana que padece el clima de violencia, es muy decepcionante que el reporte de Estados Unidos sobre el estado de los Derechos Humanos en México 2014 señale que en lo general, en México se respeta la libertad de expresión, que no hay real evidencia de prisioneros políticos, detenciones motivadas por asuntos políticos y/o asesinatos realizados por agentes del Estado.
La historia repetida una y otra vez en los medios de comunicación más populares de Estados Unidos y Canadá es que México se encuentra atrapado entre los cárteles de droga locales y la corrupción local. De tal forma, la historia se reduce a una violencia hecha en México y recrea en el mundo un imaginario sobre los mexicanos como corruptos y violentos. Desde luego, resulta una historia de fácil digestión y hasta útil para justificar medidas de Estado en contra de los mexicanos, tal como las medidas para limitar el flujo de mexicanos que viajan al exterior. Tal es el caso de nuestro país “amigo”, Canadá, que desde el 2009 impuso nuevos requerimientos de visa para los mexicanos, justo tres años después que el número de desapariciones y asesinatos se dispararan y, por tanto, más mexicanos salieran del país en busca de un lugar en paz donde vivir. Algunos de ellos, solicitaban refugio una vez que llegaban a Canadá. En este contexto, el discurso basado en la corrupción y cárteles de droga locales de México, fue sutilmente útil para legitimar la medida impuesta por Canadá, puesto que el argumento oficial fue que se imponía visa debido a que los mexicanos estaban violando el sistema de refugio al proporcionar pruebas falsas para justificar ese estatus.
Esta violencia y corrupción aparentemente local y meramente hecha en México ha sido bastante conveniente para evitar indagar en los elementos globales de la ecuación de violencia. Y es especialmente útil para los Estados que promueven la penetración económica en México, como Estados Unidos y Canadá. En el marco del TLCAN, esos dos países han profundizado la relación económica con México. Lo que es particularmente llamativo es que en ese marco, las compañías mineras de nuestros vecinos del norte han tenido especial interés por extender sus operaciones dentro de territorio mexicano. Hoy en día, 70% de las compañías mineras que operan en México son extranjeras. De ese total de compañías extranjeras, 74% son canadienses, mientras que el 15% son estadounidenses. Además, 30% del territorio mexicano está concesionado a estas compañías mineras. Lo que resulta aún más sorprendente es que a pesar del clima de violencia en años recientes, la inversión minera siga creciendo. De acuerdo al reporte Mining Industry Doing Business in Mexico, en el 2006 la inversión minera extranjera sólo representaba el 2% del total de inversión extranjera directa y para el 2012 se estimaba en un 36.1%. Es decir, ¡la inversión minera creció justo en los años más violentos de la historia reciente de México!
Por su propia naturaleza, la minería se desarrolla en zonas rurales, y es ahí donde los desaparecidos y los muertos en México son más numerosos. Al parecer, la violencia y el clima de inseguridad local no estorban al quehacer productivo y los negocios mineros, lo cual es intrigante y curioso al mismo tiempo. En libros básicos de negocios y finanzas enseñan que, excluyendo los negocios ilegales, tráfico de drogas y otros, los negocios prosperan en ambientes de estabilidad social y económica. Pues bien, la minería en México ha prosperado en condiciones opuestas. Y lo que es peor, la minería es causa de tensiones sociales y políticas, de desplazamiento de comunidades indígenas y daños ambientales en el mundo rural mexicano, según describen informes como el de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM). El arribo de los megaproyectos en muchos casos coincide también con algunas desapariciones forzadas y hasta asesinatos. Seguramente el rostro de los muertos más recientes es de mineros y/o activistas contra mega-proyectos. Al respecto hay algunos casos documentados: la revista británica Journal of Critical Legal Thinking publicó un análisis del asesinato de uno de los líderes del movimiento opositor a megaproyectos en Oaxaca, un estado vecino de Guerrero, ocurrido en el 2012. Sin embargo, estas no son las historias que circulan alrededor del mundo en los principales medios.
Al tiempo que Guerrero se coloca como el estado más violento de México, también se convierte en el nuevo cinturón del oro. Algunas de las compañías que operan ahí son canadienses, tal como GoldCorp Inc y Newstrike Capital. Según el estudio de Garibay y Balzaretti, GoldCorp ha empleado mecanismos de captura política de las comunidades locales de Guerrero e impuesto un régimen micro-regional de dominación fundado en la coacción social para controlar las fuentes de oro. Por otro lado, los secuestros y desapariciones son ahora más frecuentes y curiosamente han surgido ante la presencia de las compañías canadienses. El pasado febrero de este año, dos empleados de una compañía minera canadiense fueron secuestrados en Cocula, Guerrero. Violencia y oro; minería y drogas, son todos ellos parte del paisaje de Guerrero, y elementos que deberían considerarse al contar la historia de desapariciones forzadas y violencia. Y sí, hablamos de Guerrero, el mismo estado donde desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa hace un año, cuando iban de camino a una manifestación política. Estudiantes de una escuela de larga tradición política, formadora de nuevas generaciones de profesores indígenas para las zonas más pobres del estado. Guerrero, tierra de guerrilleros, lugar de mineros, de desapariciones, drogas, tensión política, social y muertes.
Esta manera de entender la historia reciente de violencia en México ha inspirado acciones desde Canadá, en solidaridad con el pueblo mexicano. Es por eso que en la ciudad de Toronto, un colectivo de organizaciones recordamos el aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre. Y al recordarlos, recordamos que la violencia no sólo tiene orígenes locales, sino también globales.
Tania Hernandez es Doctoranda de la Facultad de Estudios Ambientales de la Universidad de York. Toronto, Canadá. Dolores Figueroa es Post-doctorante en el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México, DF.